El Poder Ejecutivo ha oficializado una operación de endeudamiento externo por US$ 200 millones con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), con el objetivo de financiar el Programa de Infraestructura Vial para la Competitividad Regional – Proregión 2. Esta iniciativa busca mejorar, pavimentar y conservar corredores viales que son esenciales para el transporte de productos agrícolas desde zonas productivas hacia los mercados nacionales e internacionales.
La medida fue aprobada mediante Decreto Supremo N.º 170-2025-EF, y será ejecutada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) a través de su unidad operativa Provías Descentralizado, responsable de la intervención en zonas rurales y de difícil acceso.
¿En qué consiste el programa Proregión 2?
El préstamo de la CAF permitirá financiar la intervención de 15 Corredores Viales Alimentadores (CVA), tramos estratégicos de la red vial nacional que facilitan la salida de productos agropecuarios desde regiones de alta producción hacia centros de consumo y rutas de exportación. El objetivo central es reducir los costos logísticos, aumentar la competitividad regional y dinamizar las economías locales.
El programa tiene un enfoque multianual y contempla tres componentes principales: gestión vial, obras de mejoramiento y conservación rutinaria y periódica. El MTC estima que más de tres millones de personas serán beneficiadas directamente.
Regiones beneficiadas por Proregión 2
Las intervenciones se realizarán en 12 regiones del país:
- Arequipa
- Ayacucho
- Áncash
- Cajamarca
- Cusco
- Huancavelica
- Huánuco
- Ica
- La Libertad
- Lima
- Puno
- Ucayali
Deuda externa y transparencia en la ejecución
El préstamo con la CAF se suma a una línea de crédito de hasta US$ 300 millones acordada previamente con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para proyectos viales con fines similares. Si bien el Gobierno defiende estas operaciones como necesarias para reducir la brecha de infraestructura en el país, también han suscitado cuestionamientos.
Analistas económicos y sectores políticos han advertido sobre el impacto acumulativo de la deuda pública y han exigido que el Ejecutivo establezca mecanismos efectivos de control y transparencia en el uso de los fondos. La Contraloría General de la República y otros entes fiscalizadores han sido instados a supervisar de cerca la ejecución de las obras para prevenir actos de corrupción y garantizar resultados efectivos.
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha señalado que la operación con la CAF se enmarca en la estrategia de financiamiento sostenible del Estado, y que los proyectos asociados contribuirán al crecimiento económico con inclusión territorial.
