El Gobierno ha tomado una drástica decisión de doble filo respecto al Registro Integral de Formalización Minera (REINFO). El ministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero Cornejo, anunció que 31,560 mineros en proceso de formalización tendrán un nuevo plazo hasta el 31 de diciembre de 2025 para culminar sus trámites. Sin embargo, en un sinceramiento sin precedentes, se ha excluido a 50,565 registros por graves incumplimientos.
En una entrevista exclusiva con Exitosa Noticias, el titular del MINEM explicó que esta medida busca depurar el registro y trabajar únicamente con aquellos que han demostrado una voluntad real de operar dentro de la legalidad.
«Se ha realizado un sinceramiento del registro», afirmó Montero, detallando que la gran mayoría de los excluidos —cerca del 90%— correspondían a mineros que se encontraban suspendidos por más de cuatro años y no habían presentado la documentación necesaria para avanzar. “No se puede realizar actividad minera si estás suspendido”, sentenció.
Endurecimiento de la Lucha contra la Minería Ilegal
Paralelamente a la depuración del REINFO, el ministro Montero aseguró que el Gobierno reforzará la lucha contra la minería ilegal. Para ello, se replicará el «modelo Pataz» a nivel nacional, una estrategia que involucra la creación de un Comando Unificado con la participación de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, autoridades locales y 13 sectores del Ejecutivo.
“Nuestro compromiso es con la formalidad y la construcción de una sola minería peruana, una que sea responsable con el medio ambiente y con el país”, declaró.
Críticas y Cuestionamientos a la Medida
A pesar de las intenciones declaradas por el Ejecutivo, la ampliación del plazo no ha estado exenta de críticas. El Colegio de Abogados de Lima (CAL) emitió un pronunciamiento advirtiendo que extender la vigencia del REINFO podría, en la práctica, beneficiar a actividades criminales que se amparan en la figura del minero en formalización.
El gremio de abogados sustentó su escepticismo en la baja efectividad histórica del registro. Según cifras del CAL, tras nueve años de vigencia, solo el 2.31% de todos los inscritos ha logrado culminar exitosamente su formalización, lo que pone en duda la viabilidad del mecanismo como una solución real al problema de la minería informal e ilegal en el Perú.
