A poco más de un mes de la esperada inauguración del nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ha generado un terremoto en el sector al proponer la reapertura del antiguo terminal aéreo. El plan, según anunció el ministro César Sandoval, es convertirlo en el “Terminal 1” y conectarlo mediante un monorriel a la nueva infraestructura, que operaría como “Terminal 2”.
La propuesta, sin embargo, parece haber sido una sorpresa total para el operador del aeropuerto. Lima Airport Partners (LAP), la empresa concesionaria, aseguró no tener conocimiento oficial del plan.
El Anuncio y sus Justificaciones
El ministro Sandoval hizo el anuncio desde Trujillo, durante una conferencia de prensa junto al gobernador regional de La Libertad, César Acuña. Según el titular del MTC, esta medida es una respuesta a la proyección de crecimiento del flujo de pasajeros, que podría duplicar la capacidad del nuevo terminal y alcanzar los 60 millones de viajeros anuales.
“Hemos tomado la decisión de hacerle la propuesta a la presidenta de la República. Se está mirando con buenos ojos la posibilidad de reabrir el antiguo Jorge Chávez como ‘Terminal 1’, lo que permitiría atender a 20 millones de pasajeros adicionales”, afirmó Sandoval.
LAP: «Nos Enteramos por las Noticias»
La reacción del socio privado no se hizo esperar y expuso una notoria falta de coordinación. En una declaración enviada a Infobae Perú, Lima Airport Partners (LAP) desmintió estar al tanto de la iniciativa gubernamental.
“Nos hemos enterado por las noticias. No tenemos información del MTC”, sostuvo la compañía, marcando una clara distancia con el anuncio del ministro.
Pese a esta contundente respuesta, el ministro Sandoval insistió en que ya se habrían iniciado conversaciones con la concesionaria para evaluar la viabilidad técnica y administrativa del proyecto. “Tenemos la infraestructura, las pistas, el monitoreo técnico. Solo falta afinar la propuesta con la concesionaria”, añadió.
Este sorpresivo giro en la política aeroportuaria del país abre un nuevo capítulo de incertidumbre. La propuesta, que revierte la decisión previa de desmantelar la antigua infraestructura, ahora depende de la viabilidad de un acuerdo con un concesionario que, hasta el momento, no había sido incluido formalmente en la conversación.
