La propuesta fue criticada por expertos y el Ejecutivo por poner en riesgo concesiones legales y el medio ambiente, mientras miles de mineros informales siguen bloqueando vías en el sur y centro del país.
Un intento por legalizar la informalidad minera
La Ley MAPE (Minería Artesanal y de Pequeña Escala) fue presentada como una supuesta solución para dar continuidad a todos los mineros informales inscritos en el REINFO, incluidos aquellos suspendidos o excluidos, que suman más de 50 mil. Sin embargo, el predictamen —rechazado por 12 votos en contra frente a solo 5 a favor en la Comisión de Energía y Minas— fue severamente cuestionado por prolongar la informalidad y debilitar los mecanismos de fiscalización ambiental y legal.
Según el viceministro de Minas, Ronald Ibarra, el proyecto permitía operar con un simple RUC y DNI, ignorando estándares ambientales y derechos de concesionarios legales. La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) denunció que el texto replicaba el REINFO bajo otro nombre —RENAPMA—, lo que significaba dar impunidad a la minería ilegal.
¿Quiénes impulsaron la norma?
Los principales defensores del predictamen fueron:
- Paul Gutiérrez (Bloque Magisterial): presidente de la comisión, insistió en aprobar la norma pese a su rechazo previo.
- Guido Bellido (Podemos Perú): acusó al Ejecutivo de “desnaturalizar la formalización”.
- Roberto Sánchez (Juntos por el Perú – Voces del Pueblo): propuso reincorporar a mineros excluidos del REINFO.
- Segundo Quiroz (Bloque Magisterial): exigió que “el Congreso no sea espectador”.
- Segundo Montalvo (Perú Libre): pidió convocar a sesión plenaria de emergencia.
- Elías Varas (Bloque Magisterial): respaldó abiertamente las protestas y acusó al Ejecutivo de “insensibilidad”.
A ellos se sumaron Katy Ugarte y Pasión Dávila (Bloque Magisterial), quienes presentaron reconsideraciones para reabrir el debate.
Una norma bajo presión y sin respaldo técnico
El predictamen fue impulsado en medio de bloqueos en al menos nueve carreteras nacionales y la ocupación de la avenida Abancay por más de 10 días. Diversos gremios, encabezados por la Confemin, exigieron una nueva ley que permita seguir operando sin quedar fuera del sistema de formalización.
Sin embargo, el procedimiento fue irregular: congresistas como Nilza Chacón (Fuerza Popular) recordaron que la comisión ya había aprobado una cuestión previa para postergar el debate, decisión que fue ignorada por Gutiérrez con una interpretación polémica del reglamento del Congreso.
Riesgos: concesiones, demandas y crimen organizado
Más allá de lo procedimental, los riesgos de la Ley MAPE eran graves:
- Permitía operar sin titularidad ni estándares técnicos.
- Podía generar demandas millonarias de concesionarios formales.
- Daba continuidad a un sistema —el REINFO— usado por redes criminales para justificar operaciones ilegales, como se vio en la masacre de Pataz.
Además, la Confiep y la FTCCP calificaron el predictamen como “improvisado e inconveniente”, y exigieron cerrar definitivamente el REINFO como instrumento de evasión legal.
¿una oportunidad perdida o un freno necesario?
El archivo del predictamen marca una victoria técnica frente a la presión política y social, pero también deja abierta una herida: decenas de miles de mineros seguirán fuera del sistema, sin una política pública de transición real.
El Congreso debe legislar con responsabilidad, y no ceder ante presiones que pueden derivar en leyes a medida de la ilegalidad. La minería artesanal necesita una ruta de formalización seria, no parches que agravan el problema.
