Fiscalía acusa a José Luna de capturar la ONPE y manipular proceso electoral
La Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada presentó este mes una acusación formal contra José Luna Gálvez, en el marco del caso denominado “Los Gángsters de la Política”. Según el Ministerio Público, Luna habría dirigido una red delictiva que, desde 2014, buscó controlar la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para facilitar la inscripción de su partido político mediante procedimientos irregulares.
Junto a Luna, están implicadas otras 18 personas, entre ellas su hijo, el excongresista José Luna Morales, el exasesor electoral José Cavassa, y los exconsejeros del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM): Guido Águila y Sergio Noguera. Para ellos, la Fiscalía ha solicitado penas de entre 16 y 26 años de prisión, además del impedimento de salida del país por 18 meses para varios investigados.
Tres fases de una estrategia criminal
La acusación fiscal describe una estrategia delictiva articulada en tres fases: primero, la captura de la ONPE, mediante pagos a exconsejeros del extinto CNM, financiados presuntamente por Telesup, con el fin de colocar a un jefe afín a los intereses de la red; luego, el copamiento institucional, que consistió en el nombramiento de funcionarios cercanos —muchos con vínculos con Telesup— en cargos clave dentro de la ONPE bajo la gestión de Adolfo Castillo; y finalmente, la inscripción irregular del partido Podemos por el Progreso del Perú, facilitada por validaciones exprés de firmas y procedimientos que, según la Fiscalía, violaron la legalidad electoral.
Multas millonarias para Telesup y Podemos Perú
La denuncia no solo incluye penas privativas de libertad, sino también sanciones económicas severas. La Fiscalía ha solicitado el pago de 500 UIT (S/ 2,775,000) por parte de la universidad Telesup, y 250 UIT (S/ 1,337,500) a Podemos Perú, el partido fundado por Luna Gálvez. Además, se plantea la imposición de entre 200 y 850 días-multa para los investigados.
Riesgo para la institucionalidad democrática
La investigación del Ministerio Público sostiene que la red encabezada por Luna Gálvez representa un grave riesgo para el sistema democrático peruano, al utilizar redes privadas de poder para capturar organismos públicos y manipular procesos electorales. En palabras de la Fiscalía, el caso busca demostrar cómo una estructura mafiosa pudo operar con impunidad dentro del aparato estatal, afectando la legitimidad de las instituciones encargadas de garantizar elecciones limpias.
Este proceso judicial podría marcar un precedente sobre los límites del financiamiento político, el control de órganos electorales y la necesidad de fortalecer mecanismos de transparencia y vigilancia institucional.
