En una decisión que marca un punto de quiebre en la justicia transicional peruana, la Comisión Permanente del Congreso aprobó en segunda votación el Proyecto de Ley 7549/2023-CR, que concede amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y comités de autodefensa que participaron en la lucha contra el terrorismo entre 1980 y 2000.
Con 16 votos a favor, 11 en contra y cero abstenciones, el dictamen busca reparar una injusticia prolongada: cientos de efectivos han vivido por décadas bajo procesos judiciales sin sentencia firme, muchos sin pruebas contundentes.
Quienes defendieron al país, perseguidos durante décadas
La guerra contra el terrorismo dejó más de 70 mil víctimas, según la CVR. En ese contexto, miles de militares, policías y civiles organizados enfrentaron a Sendero Luminoso y el MRTA. Pero tras cumplir su misión, muchos de ellos no recibieron medallas, sino carpetas fiscales y citaciones interminables.
La norma aprobada contempla dos escenarios:
- Amnistía para quienes no tienen sentencia firme por delitos cometidos durante la lucha antiterrorista.
- Amnistía humanitaria para mayores de 70 años con sentencia ejecutoriada.
El objetivo, según el predictamen, es garantizar el derecho al plazo razonable, consagrado en la Constitución y en tratados internacionales.
“Muchos fueron procesados por cumplir su deber”
El congresista Jorge Montoya (HyD), autor del proyecto, denunció que más de 1 200 familias han soportado por 40 años procesos judiciales inacabables, incluso sin indicios sólidos. “El terrorismo fue derrotado por miles de peruanos anónimos, y hoy el Estado empieza a saldar esa deuda”, declaró.
En esa línea, Fernando Rospigliosi (FP), presidente de la Comisión de Constitución, sostuvo que esta amnistía es un acto de justicia y dignidad para quienes “cumplieron con defender al Perú, en los años más oscuros”.
Críticas y límites: el debate sigue abierto
Aunque el dictamen afirma que no se busca amnistiar crímenes atroces, el texto no excluye explícitamente delitos de lesa humanidad, lo que ha encendido alarmas en organismos internacionales como la CIDH y Amnistía Internacional. La discusión jurídica sigue en pie: ¿cómo delimitar una amnistía sin abrir paso a la impunidad?
Aun así, el proyecto recoge precedentes del Tribunal Constitucional, que avalan la figura de la amnistía en contextos excepcionales, cuando los procesos judiciales vulneran derechos fundamentales como el debido proceso y el plazo razonable.
Un cierre necesario para una herida abierta
Más allá del debate legal, la aprobación del proyecto ha sido recibida con alivio por las familias de los efectivos procesados. Durante más de cuatro décadas, muchos vivieron en un limbo judicial que destruyó carreras, afectó su salud mental y los marginó del reconocimiento público.
El Congreso ha dado un paso políticamente valiente: cerrar una etapa de persecución contra quienes protegieron al país en una de sus épocas más violentas. La amnistía no borra la historia, pero devuelve algo de justicia a quienes nunca debieron ser tratados como criminales.
