Chofer venezolano muere baleado por policía en SJM tras presunto intento de atropello

Un chofer de una cúster de transporte informal, identificado como Lisandro José Arellano, de 25 años y nacionalidad venezolana, falleció el 2 de julio de 2026 tras recibir un disparo de un efectivo policial en el distrito de San Juan de Miraflores. Según la Policía Nacional del Perú (PNP), el hecho ocurrió cuando el agente intervenía la unidad por realizar maniobras temerarias en el cruce de las avenidas Canevaro y Castro Iglesias.

El caso expone, una vez más, la tensión entre el control estatal del transporte informal y el uso de la fuerza letal por parte de agentes del orden. La informalidad vehicular en Lima ha sido, en reiteradas ocasiones, escenario de enfrentamientos entre conductores y policías durante operativos de fiscalización.

Intervención policial y uso de la fuerza en el operativo de SJM

De acuerdo con el parte policial citado por RPP Noticias, la cobradora del vehículo descendió y agredió físicamente al agente, hecho captado por cámaras de seguridad. Segundos después, según la misma fuente policial, el chofer reanudó la marcha con la aparente intención de embestir al efectivo, quien respondió con un disparo de su arma de reglamento que impactó en el muslo izquierdo del conductor.

• El vehículo, tras ser baleado, continuó a alta velocidad perseguido por una motocicleta policial.
• La cúster impactó contra un automóvil estacionado, una motocicleta y dos personas que conversaban en la vía, según el registro en video.
• El chofer fue trasladado a la clínica Santa Martha del Sur, donde el médico de turno confirmó que ingresó sin signos vitales.

Estado de derecho y control institucional frente al transporte informal

El Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de San Juan de Miraflores asumió el caso y el efectivo que disparó fue puesto a disposición de dicha unidad, según informó la PNP. Los registros policiales indican que Arellano no tenía requisitorias vigentes, aunque sí una denuncia previa por presunta tenencia ilegal de armas de fuego, presentada en octubre de 2025.

El desenlace fatal de esta intervención vuelve a poner en agenda la necesidad de protocolos claros sobre el uso de armas de fuego en operativos contra el transporte informal, un problema que persiste en Lima y que involucra directamente la capacidad del Estado para garantizar orden público sin comprometer garantías procesales. La investigación de la Depincri determinará si el proceder del efectivo se ajustó a los protocolos vigentes de la PNP.