En una carta dirigida “a la ciudadanía y a la opinión pública”, Chávez Chino denuncia que se le ha prohibido injustamente el uso de baños públicos los fines de semana, el libre tránsito por áreas comunes y las visitas técnicas de defensa. Señala que estas medidas contradicen expresamente los artículos 60 y 73 del Reglamento del Código de Ejecución Penal (R.C.E.P.).
Además, sostiene que la visita de su abogada defensora, la exministra Elvia Barrios, ha sido restringida arbitrariamente. La ex jefa del gabinete de Pedro Castillo acusa que los directivos actuales del penal aplican una política de hostigamiento y represalia, y que ha denunciado estos hechos ante la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y el Poder Judicial.
Huelga como medida extrema
«He tomado la firme decisión de no asistir a estos procedimientos viciados, ni a las audiencias virtuales», señala Chávez en la misiva. Asegura que mantendrá esta medida hasta que cesen las vulneraciones denunciadas y se reorganicen las autoridades del penal.
Chávez también señala que se ha impedido el ingreso de medios de prueba para su defensa, así como el acceso a libros de lectura. Califica las restricciones como ilegales, arbitrarias y humillantes, lo que ha motivado su decisión de iniciar una huelga de hambre como medida de protesta.
Contexto del caso
Betsy Chávez se encuentra en prisión preventiva por su presunta participación en el fallido intento de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo en diciembre de 2022. Fue una de las figuras más cercanas al exmandatario durante su gestión, desempeñándose como ministra de Trabajo y luego como presidenta del Consejo de Ministros.
La situación penitenciaria de Chávez ha sido motivo de atención constante, y su decisión de iniciar una huelga de hambre reaviva el debate sobre las condiciones de detención de exfuncionarios y la transparencia del sistema penitenciario peruano.
