En una decisión firme y definitiva, la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena de 29 años, 9 meses y 3 días de prisión contra César Joaquín Álvarez Aguilar, exgobernador regional de Áncash, por su responsabilidad como coautor mediato del homicidio calificado del exconsejero regional Ezequiel Dionicio Nolasco Campos, asesinado en 2014.
No hay nulidad: fallo de primera instancia queda firme
Mediante el Recurso de Nulidad N.º 333-2022, la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema resolvió no haber nulidad en la sentencia dictada el 25 de enero de 2021 por la Primera Sala Penal Superior Nacional Transitoria Especializada en Crimen Organizado. De este modo, se ratifican todas las penas impuestas en ese fallo histórico.
La resolución confirma también las siguientes condenas:
- Luis Humberto Arroyo Rojas: 29 años, 9 meses y 3 días
- Rubén William Moreno Olivo y Jorge Luis Loloy Valencia: 29 años, 3 meses y 12 días.
- Cristhian Joel Crúzate Pereda, autor material del crimen: 34 años, 9 meses y 1 día, por homicidio calificado y lesiones graves.
Reparación civil y agravantes
Además de las penas privativas de libertad, el fallo confirma el pago solidario de S/ 150,000 como reparación civil a favor de los herederos legales de Nolasco, y ordena que Crúzate Pereda pague S/ 20,000 adicionales a Marco Sánchez Ponte, quien resultó herido durante el atentado.
La Corte Suprema también respalda la valoración probatoria y la carga de la prueba aplicada por la sala de primera instancia, indicando que no se vulneraron derechos procesales y que los fundamentos fueron consistentes con la gravedad de los hechos.
Crimen político que marcó un antes y un después
Ezequiel Nolasco fue asesinado el 14 de marzo de 2014 en Huacho, luego de denunciar actos de corrupción en el Gobierno Regional de Áncash y ser víctima de un primer atentado. Su asesinato se convirtió en un símbolo de la lucha contra el crimen político y la corrupción enquistada en el poder regional.
Con esta sentencia firme, el caso Álvarez-Nolasco cierra un largo capítulo judicial, pero deja abierto el debate sobre los límites del poder y la necesidad de proteger a quienes denuncian.
