Daniel Maurate sobre minería informal: “Se ha hecho una costumbre no formalizarse”

La minería informal en Perú se ha convertido en una práctica sistemática que vulnera derechos laborales y ambientales. El Gobierno responde con un registro nacional y un programa de reconversión laboral financiado con S/ 50 millones.

En declaraciones a RPP, Daniel Maurate afirmó que en el sector minero informal “muchas personas han sacado un certificado y no han movido un dedo”, manteniéndose fuera del sistema formal bajo la esperanza de renovaciones automáticas. “Esta cultura de informalidad perpetúa condiciones laborales precarias”, alertó.

Además, el ministro fue tajante al señalar que esta situación está ligada directamente a prácticas como el trabajo infantil y forzoso, a las que calificó como “formas de esclavitud moderna”.

“Si las empresas son informales, peor los trabajadores. No tienen vacaciones, ni están en planilla”, sentenció.


Registro y reconversión: las medidas del Gobierno

Ante este panorama, el Ministerio de Trabajo ha desarrollado un registro de trabajadores informales que permitirá identificar a más de 1.2 millones de personas que laboran al margen de la ley. Este sistema ha tomado un año y medio de elaboración, y se centrará especialmente en la tipología de informalidad en la minería.

En paralelo, el Gobierno ha lanzado el programa “Actívate”, un fondo de S/ 50 millones para financiar proyectos de capacitación y reconversión laboral. Las municipalidades y microempresas podrán acceder a recursos de hasta S/ 1 millón por proyecto.


Tensión social por bloqueos mineros

Estas medidas se anuncian en un contexto de bloqueos de carreteras y protestas en diversas zonas mineras, donde gremios de pequeños mineros exigen una salida a los procesos de formalización que, según denuncian, permanecen estancados.

Maurate exhortó a abandonar la informalidad y a construir soluciones sostenibles, subrayando que solo con formalización se garantizarán derechos laborales plenos.


La lucha contra la minería informal en Perú implica no solo políticas públicas efectivas, sino también voluntad de transformación social. El desafío es lograr que la formalización deje de ser una promesa y se convierta en una realidad que beneficie a todos.