Además del reciente aumento de sueldo aprobado para la presidenta Dina Boluarte —de S/15,600 a S/35,568 mensuales, un incremento del 122 %—, se ha revelado que la mandataria y su entorno familiar tienen acceso a una tarjeta recargable de alimentación por S/5,000 mensuales, financiada íntegramente con recursos públicos. Este beneficio ha sido adjudicado a través de un contrato estatal y ha reactivado cuestionamientos sobre la pertinencia del gasto y la transparencia en la gestión del presupuesto del Despacho Presidencial.
¿Cómo funciona la tarjeta de alimentos de Dina Boluarte?
Según información oficial, la contratación del servicio se realizó mediante el proceso de Adjudicación Simplificada N.º 002-2024, con las siguientes condiciones:
- Proveedor: Pluxee Perú S.A. (anteriormente Sodexo)
- Monto mensual: S/5,000
- Cobertura: Consumo en restaurantes, supermercados y tiendas afiliadas en Lima
- Condiciones: Sin límite diario, no permite retiro de efectivo; posibilidad de recarga adicional si se agota el saldo
A pesar de la solicitud de acceso a información pública, la Presidencia de la República ha evitado detallar los consumos específicos realizados con esta tarjeta, argumentando supuestas “razones de seguridad”.
Críticas por duplicidad de gastos y falta de transparencia
Exfuncionarios del Ejecutivo señalaron que la Oficina de Administración de Palacio de Gobierno ya cuenta con un presupuesto específico para la alimentación en la residencia presidencial, por lo que el uso de esta tarjeta sería un gasto redundante. Además, se confirmó que este beneficio estuvo suspendido desde 2018 y no fue utilizado por las gestiones anteriores.
La reactivación del beneficio y su coincidencia con el aumento de sueldo de la presidenta han sido cuestionadas por organizaciones como Proética y Transparencia, que exigen la publicación de los contratos y criterios de asignación de recursos financiados por el Estado.
Contexto político y exigencias de control
El uso de tarjetas de consumo por parte de altos funcionarios del Ejecutivo se suma a un contexto de presión política por el incremento salarial aprobado recientemente, el cual está siendo objeto de proyectos de ley para su reversión en el Congreso.
Hasta el momento, el Despacho Presidencial no ha brindado una respuesta técnica ni detallada a las observaciones presentadas, lo que ha intensificado la demanda de transparencia en el uso del gasto público por parte de la Presidencia.
