El Equipo Especial de Fiscales para Víctimas durante las Protestas Sociales (Eficavip) reportó que 42 de las 61 carpetas fiscales abiertas por hechos ocurridos en las manifestaciones de 2022 y 2023 han ingresado a la fase preparatoria. Esta etapa marca la conclusión de las diligencias preliminares y permite al Ministerio Público sustentar formalmente una acusación ante el Poder Judicial.
Avance procesal y estructura de investigación
El Eficavip, conformado por 38 fiscales distribuidos en ocho regiones, coordina las investigaciones a través de equipos especializados en Lima, Arequipa, Apurímac, Ayacucho, Puno y Junín.
- 42 carpetas han pasado a la fase preparatoria (70 % del total).
- 14 investigaciones permanecen en etapa preliminar.
- 5 se encuentran en calificación.
Según el Ministerio Público, las carpetas avanzadas incluyen personas imputadas, hechos delimitados y presuntos delitos identificados, como paso previo a la formalización de acusaciones.
Audiencias y casos priorizados
El equipo de fiscales en Lima ha presentado dos acusaciones formales, con audiencias fijadas para el 2 y 10 de julio. Además, en las regiones de Ayacucho, Cusco y Trujillo se preparan tres nuevas acusaciones:
- Caso Huanta (2 víctimas): previsto para agosto.
- Caso Wanchaq-Cusco (30 víctimas).
- Caso Trujillo (38 víctimas): agendado para octubre.
Estos casos fueron priorizados por su impacto en la opinión pública y por los avances obtenidos en diligencias previas.
Elementos probatorios y responsabilidades civiles
Durante la etapa preliminar, los fiscales realizaron peritajes balísticos, recolección de testimonios y análisis médicos, en coordinación con organismos especializados.
Asimismo, en varias carpetas fiscales se ha incluido al Ministerio del Interior como tercero civil responsable, una figura que permite analizar posibles responsabilidades institucionales vinculadas al accionar de las fuerzas del orden durante las manifestaciones.
Otras investigaciones en curso
En Apurímac, el Eficavip formalizó una investigación por presunta tortura contra 24 personas, relacionada con detenciones durante las protestas. La investigación involucra a altos mandos policiales y se encuentra en fase preparatoria.
Paralelamente, otras carpetas fiscales se vinculan a denuncias constitucionales contra autoridades del Poder Ejecutivo, como la presidenta de la República y exministros, por su rol en el contexto del estado de emergencia.
Compromiso institucional
La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, expresó el respaldo de su gestión a estos procesos. En una reunión con representantes de familiares de víctimas, declaró que el objetivo es “garantizar justicia y reparación mediante los canales legales establecidos”.
Panorama actual del proceso judicial
La transición de las investigaciones a la fase preparatoria no implica aún sanciones o condenas, pero sí acerca los casos a una etapa de debate judicial, donde el Ministerio Público deberá sustentar sus acusaciones ante jueces penales.
Este avance representa un punto de inflexión procesal en el tratamiento de casos vinculados a muertes ocurridas durante protestas sociales. Las siguientes fases estarán sujetas a revisión judicial y al principio de presunción de inocencia.
