El 9 de julio, el Ministerio Público francés abrió una investigación penal contra X, la red social antes conocida como Twitter, por una presunta manipulación de su algoritmo que habría favorecido la intervención de actores extranjeros en el debate público. La pesquisa está a cargo de la división contra la ciberdelincuencia de la fiscalía de París.
La acción judicial apunta tanto a la empresa como persona jurídica como a sus responsables directos, según detalló la fiscal Laure Beccuau. La investigación fue motivada por dos denuncias recibidas en enero de 2025, relacionadas con el uso del algoritmo de X con fines que podrían socavar el orden democrático.
Denuncias por censura algorítmica y contenido tóxico
Parlamentario alerta sobre censura encubierta
La primera denuncia fue presentada por el diputado centrista Eric Bothorel, especialista en temas de ciberseguridad. Según su declaración, desde que Elon Musk adquirió la plataforma en 2022, se han producido cambios en el algoritmo que restringen la diversidad de voces y alteran los criterios de moderación de contenido.
Bothorel acusó además una intervención personal de Musk en la gestión de contenidos, lo que, a su juicio, “representa un peligro real para nuestras democracias”.
Segunda denuncia expone proliferación de discursos de odio
Una segunda denuncia, revelada por el semanario Le Canard Enchaîné, provino de un funcionario del sector público especializado en ciberseguridad. En ella se advierte que la red social empezó a difundir masivamente contenido político extremista, incluyendo mensajes racistas, homofóbicos y anti-LGBTQ, tras un cambio importante en el algoritmo.
Según esta acusación, el sistema de recomendación de X estaría distorsionando el debate democrático, generando un entorno hostil e ideologizado que afecta la deliberación pública en Francia.
X responde: “Tenemos reglas claras contra el odio”
Desde la plataforma X, su director en Francia, Laurent Buanec, defendió la integridad del algoritmo. En una declaración del 22 de enero, aseguró que la compañía mantiene “normas estrictas y públicas” para combatir el discurso de odio y proteger la calidad informativa.
Buanec negó que la red promueva contenidos nocivos y sostuvo que el diseño del algoritmo prioriza la seguridad digital y la lucha contra la desinformación.
¿Un caso emblemático para Europa?
La investigación ocurre en un contexto europeo de creciente escrutinio sobre el poder de las redes sociales y su rol en los procesos democráticos. Países como Francia han reforzado sus marcos regulatorios frente a la desinformación y la injerencia extranjera.
El caso podría sentar precedentes sobre la responsabilidad legal de plataformas digitales y sus algoritmos, especialmente cuando se trata de salvaguardar elecciones y espacios públicos de deliberación.
