El requerimiento fue presentado ante el despacho del juez supremo Juan Carlos Checkley, quien programó una audiencia virtual privada para el viernes 25 de julio a las 10:30 a.m., donde se evaluará el pedido con la participación de las partes involucradas.
La Fiscalía solicitó que se autorice el levantamiento del secreto de las comunicaciones en la modalidad de acceso, lectura, visualización, extracción de información, transcripción e impresión del contenido relevante de los siguientes equipos:
- Seis computadoras de escritorio del despacho congresal de Espinoza, utilizadas por siete trabajadores.
- Una laptop, también parte del entorno de trabajo del legislador.
La solicitud incluye también la extracción de copias forenses o “copias espejo” de los discos duros de dichos equipos, con el objetivo de preservar y analizar la información.
Investigación se inició por uso indebido de recursos del Congreso
El 18 de abril de 2024, la Fiscalía de la Nación, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, inició diligencias preliminares contra el congresista Darwin Espinoza Vargas, por el presunto delito de peculado por uso, en agravio del Estado.
La investigación comenzó tras la emisión de un reportaje del programa Punto Final, que denunció que trabajadores del despacho congresal habrían participado, en horario laboral, en actividades de recolección de firmas para la inscripción del movimiento regional Adelante Áncash, impulsado por Espinoza.
El Ministerio Público considera que este uso de recursos humanos y logísticos del Congreso podría constituir una malversación de fondos públicos.
Audiencia clave será este 25 de julio
La decisión final sobre el levantamiento del secreto de las comunicaciones se conocerá tras la audiencia convocada por el juez Checkley. Esta diligencia será de carácter reservado y definirá si la Fiscalía podrá acceder legalmente a la información contenida en los dispositivos electrónicos del despacho congresal.
Este caso podría sentar precedente en el control sobre el uso de bienes estatales por parte de congresistas en funciones, especialmente en contextos de organización partidaria.
