El Congreso de la República aprobó, en una de sus últimas sesiones antes del cierre definitivo del Parlamento unicameral, una ley que amplía la competencia de la justicia militar-policial para que los delitos presuntamente cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional durante el ejercicio de sus funciones sean procesados por tribunales castrenses y no por la justicia ordinaria.

La propuesta fue aprobada en segunda votación con 52 votos a favor, 43 en contra y 5 abstenciones. La norma modifica el Código Penal Militar Policial y redefine el concepto de "delito de función", ampliando el ámbito de actuación de la jurisdicción militar.

Según los promotores de la iniciativa, la reforma busca brindar seguridad jurídica a policías y militares que participan en operaciones contra el crimen organizado, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad nacional, considerando las particularidades del servicio que desempeñan.

Cuestionamientos nacionales e internacionales

Diversas organizaciones de derechos humanos y especialistas en derecho constitucional han expresado preocupación por los alcances de la medida. Días antes de la votación, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, recordó que los estándares internacionales establecen que las presuntas violaciones a los derechos humanos deben ser investigadas por tribunales independientes y no por jurisdicciones militares.

Asimismo, distintos organismos recordaron que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido sentencias en las que limita la competencia de la justicia militar a infracciones estrictamente vinculadas a funciones castrenses.

Un debate en medio de investigaciones pendientes

La aprobación ocurre mientras continúan investigaciones relacionadas con las muertes registradas durante las protestas sociales entre 2022 y 2024, así como procesos vinculados a intervenciones policiales en distintos conflictos sociales.

Reportes de la Defensoría del Pueblo y organismos internacionales indican que aquellas protestas dejaron decenas de fallecidos y centenares de heridos, convirtiéndose en uno de los episodios más sensibles de los últimos años en materia de derechos humanos.

  • La norma deberá ser evaluada por el Poder Ejecutivo.
  • El Gobierno podrá promulgarla u observarla conforme al procedimiento constitucional.
  • De entrar en vigencia, representará uno de los cambios más importantes en la administración de justicia militar-policial de las últimas décadas.