La disputa por los resultados de la segunda vuelta presidencial sumó un nuevo capítulo y ahora tiene como protagonista al ministro de Relaciones Exteriores.
Juntos por el Perú presentó una denuncia constitucional ante el Congreso contra el canciller Carlos Pareja Ríos, a quien responsabiliza por presuntas irregularidades en el manejo de los votos emitidos por peruanos residentes en el extranjero durante la segunda vuelta electoral.
La acción constituye la ofensiva política más directa emprendida por el partido de Roberto Sánchez desde que comenzaron los cuestionamientos al proceso electoral y al tratamiento de los sufragios provenientes del exterior.
¿Qué denuncia Juntos por el Perú?
Según el documento presentado ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, la agrupación sostiene que el canciller habría desmantelado de forma arbitraria e injustificada el sistema logístico, informático y de custodia diplomática utilizado para el procesamiento de los votos emitidos fuera del país.
El partido argumenta que durante la primera vuelta electoral se utilizó un sistema complementario de digitalización de actas en diversos consulados, mecanismo que no fue aplicado en la segunda vuelta. En su lugar, las actas fueron trasladadas físicamente al Perú mediante valijas diplomáticas, situación que, según la denuncia, habría comprometido la cadena de custodia del material electoral.
La denuncia solicita que el Congreso evalúe un eventual juicio político y antejuicio constitucional contra el canciller por presuntas vulneraciones a los principios de neutralidad estatal, legalidad e intangibilidad normativa.
El voto exterior en el centro de la disputa
Las acusaciones no aparecen de manera aislada.
Desde hace varias semanas, Juntos por el Perú ha cuestionado el tratamiento de los votos emitidos en el extranjero y ha impulsado distintas acciones para revisar el proceso. Entre ellas figuran pedidos de nulidad de mesas en Estados Unidos, recursos ante organismos electorales y una demanda de amparo contra la resolución de la ONPE que reguló las actividades electorales en el exterior durante la segunda vuelta.
El partido sostiene que los cambios operativos introducidos para la segunda vuelta afectaron la transparencia del proceso y reclama explicaciones detalladas sobre el traslado y resguardo del material electoral proveniente de los consulados peruanos.
La respuesta de Cancillería y ONPE
Tanto la Cancillería como la ONPE han rechazado las acusaciones.
El Ministerio de Relaciones Exteriores sostiene que actuó únicamente como entidad ejecutora de las disposiciones técnicas emitidas por la ONPE y que el traslado del material electoral se realizó bajo protocolos de seguridad que garantizaron la integridad de las actas.
Por su parte, la ONPE ha defendido las medidas adoptadas durante la segunda vuelta y ha señalado que los ajustes respondieron a criterios operativos dentro del marco legal vigente. La institución también ha indicado que no existen reportes oficiales que acrediten una alteración del material electoral proveniente del extranjero.
Un nuevo frente político
La denuncia se presenta en un momento particularmente delicado.
Con más del 99 % de las actas procesadas, Keiko Fujimori mantiene una ventaja superior a los 40 mil votos sobre Roberto Sánchez, mientras continúan resolviéndose actas observadas y recursos pendientes ante las autoridades electorales.
En paralelo, el Jurado Nacional de Elecciones ya rechazó diversos pedidos de nulidad promovidos por Juntos por el Perú relacionados con mesas de votación en Lima Metropolitana, Estados Unidos y Argentina.
La denuncia contra el canciller abre ahora un nuevo frente político que traslada la controversia electoral desde los organismos electorales hacia el Congreso. Sin embargo, hasta el momento no existe una resolución oficial que haya acreditado fraude o manipulación de los votos emitidos por los peruanos residentes en el extranjero.
