La extorsión continúa expandiéndose en distintas regiones del país y se ha convertido en uno de los delitos que más preocupa a la población. De acuerdo con información difundida por RPP, desde 2024 se han registrado más de 50 mil denuncias por extorsión, mientras que apenas 700 casos terminaron en condenas.

La diferencia entre denuncias y sentencias refleja las dificultades que enfrentan las autoridades para investigar, identificar y sancionar a las organizaciones criminales que operan detrás de este delito.

Transportistas y comerciantes entre las principales víctimas

Los gremios de transporte urbano e interprovincial han denunciado reiteradamente amenazas, atentados y cobros ilegales por parte de bandas criminales que exigen pagos periódicos a cambio de permitir la continuidad de sus operaciones.

Los comerciantes, bodegueros, emprendedores y pequeños empresarios también figuran entre los grupos más afectados. En muchos casos, las amenazas se realizan mediante llamadas telefónicas, mensajes de texto o aplicaciones de mensajería instantánea.

El avance del crimen organizado

Especialistas en seguridad advierten que la extorsión se ha convertido en una importante fuente de financiamiento para organizaciones criminales vinculadas a otros delitos como el sicariato, el tráfico de drogas y el lavado de activos.

En los últimos meses, la Policía Nacional y el Ministerio Público han ejecutado diversos operativos contra bandas dedicadas a la extorsión en Lima, Callao, La Libertad, Piura y otras regiones del país. Sin embargo, el crecimiento de las denuncias mantiene la preocupación entre autoridades y ciudadanía.

Brecha entre denuncias y condenas

Uno de los principales desafíos para el sistema de justicia es reducir la diferencia entre los casos reportados y las sentencias efectivas. Factores como la dificultad para identificar a los responsables, el uso de líneas telefónicas anónimas y el temor de las víctimas a colaborar con las investigaciones complican el avance de los procesos.

Según los datos difundidos por RPP, las más de 50 mil denuncias registradas desde 2024 contrastan con apenas 700 condenas, una cifra que representa poco más del 1 % del total de casos reportados.