Perú envía 14 toneladas de ayuda a Venezuela: solidaridad institucional con riesgos

El gobierno peruano ha autorizado el envío de 14 toneladas de ayuda humanitaria a Venezuela mediante una operación ejecutada por la Fuerza Aérea del Perú (FAP), en respuesta a los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 que devastaron la costa venezolana el pasado miércoles. El cargamento, que incluye alimentos como arroz, azúcar, aceite, fideos y atún, además de suministros no alimentarios como carpas, camas plegables y mosquiteros, partió desde el Grupo Aéreo N°8 en el Callao a bordo de una aeronave Lima 100 Hércules con capacidad de 20 toneladas. Según informó el general Luis Vázquez, jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), la misión fue autorizada mediante Resolución Suprema N.º 189-2026-PCM, publicada en la edición extraordinaria de El Peruano el sábado pasado. El coronel FAP Juan Carlos Vázquez Acosta lideró una tripulación de 10 especialistas en un vuelo directo de seis horas hacia Caracas, donde se descargarían los bienes para retornar al Perú. La inversión total de esta operación humanitaria alcanzó 278,406 soles.

Para los peruanos, esta iniciativa reviste importancia estratégica en múltiples dimensiones. Venezuela es un país vecino en la región andina con el cual Perú mantiene relaciones comerciales, migratorias y de seguridad compartida. Millones de ciudadanos venezolanos han migrado a países de América Latina en los últimos años, incluyendo Perú, generando presión sobre servicios públicos y economía local. Una catástrofe de esta magnitud—con más de mil personas fallecidas según reportes—podría intensificar flujos migratorios hacia el Perú y afectar la estabilidad regional. Además, la respuesta humanitaria peruana construye legitimidad institucional y soft power ante organismos internacionales, demostrando que el Estado peruano actúa conforme a normas de solidaridad internacional en contextos de emergencia, independientemente de diferencias políticas con gobiernos vecinos.

La paradoja institucional: ayuda humanitaria en contexto de autoritarismo

Sin embargo, la decisión de enviar recursos públicos a Venezuela plantea dilemas serios desde la perspectiva de las instituciones democráticas. El régimen venezolano, bajo Nicolás Maduro, ha sido ampliamente documentado por organismos internacionales como portador de graves violaciones a derechos humanos, represión política sistemática y corrupción institucional. Desde Pulso Crítico, defendemos el Estado de derecho y las instituciones democráticas; por ello, es legítimo cuestionar si la ayuda humanitaria llegará efectivamente a los damnificados o será desviada por estructuras de corrupción enquistadas en aparatos estatales venezolanos. La FAP cumplió adecuadamente su función logística—trasportando bienes documentados con profesionalismo—, pero el gobierno peruano debe ser transparente sobre mecanismos de verificación del destino final de estos suministros.

Solidaridad internacional versus riesgos para la democracia regional

La acción del Perú refleja un principio correcto: la solidaridad humanitaria trasciende barreras ideológicas cuando vidas civiles están en riesgo. Un terremoto no discrimina entre gobiernos demócratas o autoritarios; sus víctimas merecen auxilio. No obstante, esta misión debe inscribirse dentro de una estrategia regional más amplia que fortalezca instituciones democráticas en lugar de legitimarlas selectivamente. El Perú, como democracia institucional con tradición de respeto al Estado de derecho, tiene la responsabilidad de exigir estándares de gobernanza a sus vecinos, incluido el acceso humanitario verificable y rendición de cuentas.

El costo fiscal de 278,406 soles es razonable para una operación de estas características y representa un uso legítimo de recursos públicos bajo Resolución Suprema formal. Sin embargo, es crucial que el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y la Cancillería peruana mantengan registros públicos sobre la entrega de estos bienes, coordinando con organismos internacionales como la Cruz Roja Internacional o la ONU para certificar que la ayuda alcanzó a poblaciones vulnerables, no a estructuras estatales corruptas venezolanas que podrían reorientarla.

De cara al futuro, esta intervención humanitaria debe ser el inicio de una política regional más robusta. Perú debe fortalecer su capacidad de respuesta a desastres naturales en toda América del Sur, pero simultáneamente debe condicionar ayudas futuras a gobiernos que demuestren compromiso con estándares democráticos mínimos. La estabilidad regional depende de que instituciones como la FAP, Indeci y la Cancillería actúen con transparencia y de que el Perú no normalice relaciones con gobiernos autoritarios sin exigir reciprocidad en materia de derechos humanos y combate a la corrupción. Solo así la solidaridad humanitaria contribuirá al fortalecimiento de democracias en la región, en lugar de convertirse en instrumento de legitimación de regímenes que la socavan.