Seguridad ciudadana: entre mano dura y derechos, el dilema sin resolver

Carlos Díaz Rosillo, exasesor de Donald Trump y colaborador de Keiko Fujimori, se pronunció el 1 de julio de 2026 sobre la inseguridad ciudadana peruana, argumentando que "se puede tener una política de mano dura implacable contra el crimen" sin violar derechos fundamentales. Rosillo alertó sobre la prioridad desigual hacia criminales versus víctimas: "Mucha gente se preocupa por los derechos de los criminales. Y hay que preocuparse también por los derechos de las víctimas, gente que tiene el derecho de salir a su casa con tranquilidad". Su intervención refleja la tensión que enfrenta cualquier gobierno peruano entre eficacia penitenciaria y cumplimiento de la Constitución Política.

El Perú arrastra una crisis estructural de inseguridad sin reversa clara. Según datos del INEI y reportes de gobiernos regionales, la violencia delictiva fragmenta territorios enteros, particularmente en Lima, Callao y provincias con debilidad institucional. El debate público ha permanecido polarizado durante 25 años, como señaló Rosillo, sin que inversión significativa en reformas penitenciarias o policiales produzca resultados medibles en reducción de criminalidad.

Política penitenciaria: entre orden y garantías constitucionales

Díaz Rosillo citó explícitamente el modelo salvadoreño como referencia, mencionando que "si te han hallado culpable dentro del marco de la ley con todos los procesos legales apropiados (...) que pagues tu condena y que lo menos que puedas hacer es trabajar por tus alimentos". Esta afirmación expone una brecha crítica: Perú no posee datos públicos sobre productividad laboral penitenciaria, reincidencia comparada o efectos de programas de auto-sustento en cárceles. El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) no ha divulgado reportes recientes sobre ocupación, inversión en talleres o resultados de reinserción laboral.

• El modelo salvadoreño ha sido cuestionado por organismos como Amnistía Internacional por supuestas prácticas coercitivas, aunque registra reducción de homicidios desde 2019
• Perú carece de sistemas de monitoreo comparable con instituciones como el MINSA o MINEDU para medir eficacia de políticas carcelarias
• La sobrepoblación en cárceles peruanas impide evaluar cualquier modelo de trabajo obligatorio sin aumentar hacinamiento

Gestión rápida versus institucionalidad: el desafío de resultados sin atajos

Rosillo enfatizó que "la clave es dar resultados y dar resultados rápidos, porque el país está en una gran crisis". Este argumento presiona hacia políticas aceleradas que, aunque prometen eficacia, pueden erosionar protocolos de due process si no se vigilan institucionalmente. El riesgo es que gobiernos prioricen métricas de corto plazo—detenciones, redadas, ocupación penitenciaria—sobre garantías de juicio justo y reinserción sostenible.

La tensión que plantea Rosillo es real pero incompleta: un Estado de derecho requiere mano dura con instituciones sólidas, no sin ellas. Esto demanda inversión simultánea en: fiscalía especializada con capacidad probatoria; policía profesionalizada con rendición de cuentas; judicatura ágil pero meticulosa; y cárceles con programas verificables. El próximo gobierno debe condicionar cualquier política de orden a auditoría externa de derechos, reporte trimestral de indicadores al Congreso, y cumplimiento de estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin esto, la «mano dura» termina siendo arbitrariedad institucionalizada, como ha ocurrido en ciclos anteriores.