Corte le devuelve a Ositrán el control total del puerto de Chancay

La Segunda Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima revocó la sentencia de primera instancia que había recortado las facultades del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) sobre el Terminal Portuario Multipropósito de Chancay. Con esa decisión, la Sala declaró improcedente la demanda de amparo presentada por Cosco Shipping Ports Chancay Perú S. A., la empresa que opera el terminal. El fallo le devuelve a Ositrán el control pleno sobre la infraestructura, sin las restricciones que un juzgado le había impuesto meses antes.

Cosco había acudido al Poder Judicial buscando exactamente lo contrario: que se limitara el alcance de la supervisión estatal sobre sus operaciones portuarias. En primera instancia lo consiguió, cuando el juzgado correspondiente acotó las competencias de Ositrán respecto al terminal. Esa victoria judicial duró poco: la Segunda Sala Constitucional la echó abajo en segunda instancia y cerró la puerta a la pretensión de la naviera china.

Qué determinó la Sala sobre la supervisión estatal

La resolución confirma que Ositrán conserva la competencia para fiscalizar el Terminal de Chancay sin las excepciones que Cosco había logrado imponer en el primer round judicial. Al declarar improcedente el amparo, la Sala eliminó el fundamento jurídico sobre el que se sostenía la restricción. El organismo regulador queda así habilitado para ejercer su función supervisora sobre la infraestructura sin las limitaciones que el fallo previo le había fijado.

• Ositrán es el organismo estatal encargado de supervisar la infraestructura de transporte de uso público en el país
• Cosco Shipping Ports Chancay Perú S. A. es la empresa que administra el terminal portuario multipropósito
• La demanda de amparo buscaba acotar las facultades de fiscalización del regulador sobre el puerto

Qué sigue para la fiscalización del puerto de Chancay

Con la demanda declarada improcedente, corresponde a Ositrán retomar el ejercicio ordinario de sus funciones de supervisión sobre el terminal, sin las condiciones que Cosco había obtenido en primera instancia. La decisión de la Segunda Sala Constitucional cierra, en esta instancia judicial, el intento de la operadora por reducir el margen de fiscalización estatal.

El caso confirma que el Poder Judicial respaldó la posición del regulador frente a una empresa privada que buscaba operar con menor control del Estado. Para Ositrán, el fallo despeja el camino para ejercer sus atribuciones sobre uno de los proyectos portuarios más relevantes del país sin las restricciones que había arrastrado desde la primera instancia.