Paro de Moquegua por límites territoriales amenaza estabilidad fiscal minera

La gobernadora Gilia Gutiérrez anunció el 30 de junio de 2024 un paro indefinido en la región Moquegua en rechazo a un proyecto de ley aprobado por el Congreso que modificaría los límites territoriales con Tacna. Según declaraciones de la gobernadora en RPP, detrás de la iniciativa legislativa "existiría un interés vinculado a un futuro canon minero por la eventual ampliación de la empresa Southern Perú". La gobernadora advirtió que "la gente de Moquegua no va a ceder un solo centímetro" y advirtió de la posibilidad de un nuevo "Moqueguazo" si el Ejecutivo promulga la norma.

El conflicto territorial ocurre en un contexto de debilitamiento de la gobernabilidad regional en el sur peruano. Moquegua es una región cuya economía depende significativamente de la minería, particularmente de operaciones como la mina Toquepala de Southern Perú, que contribuye sustancialmente a los ingresos fiscales vía canon minero. Según Gutiérrez, "la minera Toquepala viene tocando territorios moqueguanos" hace años, lo que sugiere que la redefinición territorial podría alterar la asignación presupuestal de ambas regiones respecto a rentas extractivas.

Canon minero y reasignación fiscal en disputa territorial

El fondo del conflicto radica en la distribución del canon minero entre regiones, mecanismo fiscal regulado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Si la eventual ampliación de operaciones de Southern Perú se ubicara en territorio que pasaría a Tacna según la ley cuestionada, los ingresos por canon minero —que representan una fuente crítica de ingresos para gobiernos regionales— se redistribuirían entre ambas jurisdicciones. La gobernadora planteó explícitamente: "Aquí hay un interés netamente del canon futuro de lo que va a ser la ampliación de la empresa Southern Perú".

• El conflicto afecta la estabilidad de ingresos fiscales subnacionales en la región sur del país
• La minería representa una fuente crítica de canon que financia servicios públicos regionales
• La redefinición territorial podría alterar flujos presupuestales entre Moquegua y Tacna por años

Gobernabilidad, inversión privada y riesgo de conflictividad social

El paro indefinido convocado por Moquegua genera riesgos para la continuidad operativa de empresas mineras en la región y la inversión privada asociada. Gutiérrez advirtió que si el Poder Ejecutivo promulga la norma, "se generará un conflicto social que va a escalar en el sur del país". La gobernadora hizo un llamado al presidente José María Balcázar para que "observe la ley" y la regrese al Parlamento, además de proponer "la conformación de un equipo de trabajo con representantes de ambas regiones para definir sus límites territoriales".

Las medidas de presión en Moquegua representan un riesgo para la continuidad de operaciones mineras y proyectos de inversión privada en el sur peruano. La amenaza de un nuevo "Moqueguazo" —referencia al paro regional de 2011— indica potencial para movilizaciones que interrumpan operaciones extractivas. El presidente Balcázar enfrenta una decisión institucional crítica: observar la ley según el pedido de autoridades moqueguanas o permitir su promulgación y gestionar el conflicto resultante, en un contexto de transición de gobierno que demanda estabilidad fiscal y gobernabilidad.

La resolución de este conflicto territorial requerirá coordinación entre el Ejecutivo, el Congreso y gobiernos regionales para preservar tanto la integridad constitucional como la viabilidad económica de operaciones mineras clave para la recaudación fiscal nacional. Sin un acuerdo que resuelva la distribución de rentas extractivas, el sur peruano enfrentará presión sobre gobernabilidad e inversión privada durante meses.